Voces: RESPONSABILIDAD CIVIL ~ PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD ~ ANTIJURICIDAD ~ UNIFICACION CIVIL Y COMERCIAL ~ CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ~ CODIGO CIVIL
Título: La antijuridicidad en el Código Civil velezano y en el Código Civil y Comercial de la Nación
Autor: Trigo Represas, Félix A. 
Publicado en: RCCyC 2015 (octubre), 19/10/2015, 135 - RCyS2016-IV, 15 
Cita Online: AR/DOC/3413/2015
Sumario: I. Elementos de la responsabilidad civil.- II. Antijuridicidad: concepto.- III. El "deber de no dañar a los demás".- IV. Posturas que niegan a la "antijuridicidad" como elemento de la responsabilidad civil.- V. La vigencia del recaudo de la "antijuridicidad".- VI. La antijuridicidad en la omisión.- VII. Conclusiones.

Abstract: "En el ya vigente "Código Civil y Comercial de la Nación" se ha adoptado el requisito de la antijuricidad, y con mucho mayor detalle y precisión, como fundamento de la obligación de reparar el daño causado: la violación del deber de "no dañar a los demás" o "alterum non laedere"; es decir, la obligación de conducirse en la vida en sociedad con la debida prudencia y diligencia, de forma tal que el obrar de cada uno no provoque perjuicios a los otros individuos, sea en su persona o en los bienes y cosas de su pertenencia". 
I. Elementos de la responsabilidad civil
La antijuridicidad es en rigor el primer recaudo de la responsabilidad civil. La tendencia doctrinaria dominante en la materia considera que son sólo cuatro los presupuestos de la responsabilidad civil: un hecho que infringe un deber jurídico de conducta impuesto por el ordenamiento jurídico -antijuridicidad o ilicitud-; que además provoca un daño a otro; el nexo de causalidad entre aquel hecho y el referido daño; y un factor de atribución de la responsabilidad que el ordenamiento considera suficiente para sindicar o señalar, fundadamente, a quien o quienes considera como responsables (1).
Y obviamente la falta de uno solo, cualquiera, de ellos: la justificación del obrar aparentemente antijurídico; la no autoría, por ausencia de nexo causal entre el hecho y el perjuicio; la inimputabilidad del autor del daño (ausencia de factor subjetivo de atribución); u, obviamente, la inexistencia de daño; habrá de determinar que no exista responsabilidad civil alguna.
II. Antijuridicidad: concepto
Antijuridicidad e ilicitud son términos sinónimos (2), y es ilícito todo acto contrario al ordenamiento jurídico, considerado éste en su integralidad (3); pues se está aludiendo al principio de la unidad del ordenamiento jurídico, que hace que cada norma no pueda ser considerada como una individualidad estanca o aislada, sino muy por el contrario, como un elemento conceptualmente inseparable de un complejo jurídico pleno (4). A lo que puede agregarse además lo propuesto por Mosset Iturraspe: "La acción será antijurídica... cuando infrinja los mandatos o prohibiciones del ordenamiento jurídico, viole una norma de deber destinada a la protección de los intereses. El juzgador tendrá en cuenta, en consecuencia, a más de los dictados de la ley, los del orden público y las buenas costumbres.- Los fines de la ley, el ejercicio funcional de los derechos y la buena fe, son pautas o standards de primer orden" (5); o también lo sugerido por Pizarro y Vallespinos: "La antijuridicidad material... tiene un sentido diferente, sensiblemente más amplio, comprensivo de las prohibiciones por implicancia, que son aquéllas que se desprenden de las principios fundamentales que hacen al orden público en sus diferentes manifestaciones y alcances, a la moral y a las buenas costumbres" (6). O sea en suma, que como bien lo puntualiza Jorge Horacio Alterini: "la noción de antijurídico no queda confinada a la violación de una norma legal determinada, ...sino que se configura cada vez que es violado el Derecho concebido en su totalidad y representado por sus normas legales y aun consuetudinarias, y poniendo el acento también en los principios que inspiran al Ordenamiento Jurídico Positivo e incluso en los que lo trascienden pero que se sustentan en la Justicia, con su descenso al mundo de lo concreto según el módulo de la equidad" (7). A lo que agrega que la misión correctora de las injusticias con apego a la equidad, se destaca entre los textos vigentes en el art.7º del Título preliminar del Código Civil español, texto según la reforma de 1974, cuando se refiere a "todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto, o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero"; añadiendo que: "esa apreciación apoyada en las circunstancias es la que impulsa el art. 16 de nuestro Código Civil, cuando con la mirada puesta en la equidad manda que la interpretación deba practicarse ¿teniendo en consideración las circunstancias del caso?" (8).
De ahí que sólo sea ilícito lo contrario al ordenamiento jurídico todo y no lo opuesto a una norma aislada, en cuyo supuesto la violación podría estar justificada por otra regla que prevalezca y le brinde en ese supuesto el signo de la licitud; así por ejemplo el homicidio no siempre comporta un ilícito, desde que en ciertas circunstancias, como verbigracia la legítima defensa, el propio ordenamiento jurídico lo justifica (9).
Se trata pues de un proceder que infringe un deber jurídico preestablecido en una norma o regla de derecho y que causa un daño a otro, obligando a su reparación a quién resulte responsable del mismo, por cuanto le es imputable o le ha sido atribuido legalmente. El comportamiento humano que contraría al ordenamiento jurídico configura el substratum del hecho ilícito, y a la vez constituye si provoca un daño, el elemento material u objetivo imprescindible para que nazca la responsabilidad civil.
Por ello el Código Civil velezano establecía en su art. 1066 que: "Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuere expresamente prohibido por las leyes ordinarias (rectus: "ordenanzas" (10)), municipales o reglamentos de policía; y a ningún acto se le podrá aplicar pena o sanción de este Código, si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto". Además el Código Civil de Vélez Sarsfield disponía en el subsiguiente art. 1067, que: "No habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia"; aunque en rigor, como ya lo señalara Picasso, dicho texto perdió buena parte de su sentido con la reforma efectuada por la ley 17.711 de 1968, que le introdujo a dicho Código Civil importantes supuestos de responsabilidad objetiva (11). Por último todo se completa y correlaciona con el art. 1074 del mismo Código Civil, que contemplas la antijuridicidad por omisión: "Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio otro, será responsable solamente cundo una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir un hecho omitido". 
Y el fundamento de todo ello se encuentra en el principio constitucional de "legalidad" que consagra la segunda parte del art. 19 de la Constitución Nacional: "Ningún habitante de la Nación está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe"; cuyo origen histórico se remonta a la "Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, cuyos artículos 4 y 5 decían: "La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites no pueden ser determinados sino por la ley"; y: "La ley no tiene el derecho de prohibir más acciones que las nocivas para la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser constreñido a hacer lo que no ordena" (12). Principio básico de nuestro sistema constitucional cuya finalidad, como decía Bidart Campos, es la de afianzar la seguridad individual de los gobernados: "La ley predetermina las conductas debidas o prohibidas, de forma que los hombres puedan conocer de antemano lo que tienen que hacer u omitir y quedar exentos de decisiones sorpresivas que dependan solamente de la voluntad ocasional de quien manda. Este aspecto toma en cuenta, por eso, el valor previsibilidad" (13). O sea, en suma, que los hombres deben saber si una determinada conducta sería calificable de ilícita con anterioridad a incurrir en la misma; no puede ser "sorprendido" luego de su comisión. "Se trata nada más y nada menos de lo que diferencia a los regímenes despóticos y autoritarios, de los que se rigen por los principios del Estado de Derecho" (14).
A su turno el art. 1716 del "Código Civil y Comercial de la Nación" dispone: "Deber de no dañar. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código". Lo cual es concordante con lo establecido con anterioridad en su art. 1710, que dice: "Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud, ...y c) no agravar el daño, si ya se produjo." O sea, que a diferencia con lo que sucede en el derecho penal, el ilícito civil es atípico, por cuanto no es necesario que la ley describa en cada caso, con detalle, la conducta prohibida (15). Aunque ello no es así cuando se trata de responsabilidad por incumplimiento contractual, dado que en estos supuestos el daño resulta necesariamente del no cumplimiento de un preexistente proceder, que el deudor se encontraba forzado a ejecutar (16). Siendo esto último lo que resulta expresamente de los arts. 1716 ("La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código") y 1749 ("Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión") del "Código Civil y Comercial de la Nación", que establecen: que la violación del deber general de no dañar a otro y el incumplimiento de una obligación contractual, que por supuesto cause un daño, constituyen las dos grandes fuentes del deber de reparar (17).
Pese a que aún así dichos textos puedan resultar algo estrechos o insuficientes, puesto que existen otras disposiciones prohibitivas emanadas de autoridad competente, leyes en sentido material, cuya obligatoriedad determina igualmente que el acto que las contravenga configure un ilícito (18). Por lo que quizá resultaba más preciso lo previsto en el Proyecto de reformas del año 1936, que atribuía el carácter de ilícito a los actos que "fuesen prohibidos por las leyes, los reglamentos municipales, u otros dictados por la autoridad competente" (art. 864, inciso 1).
III. El "deber de no dañar a los demás"
En suma, en nuestro ordenamiento se ha receptado expresamente como fundamento de la obligación de reparar el daño causado, la violación del deber de "no dañar a los demás" o "alterum non laedere" de la compendiosa fórmula de Ulpiano; vale decir: un deber de conducirse en la vida en sociedad con la debida prudencia y diligencia, de forma tal que el comportamiento de cada uno no ocasione perjuicios a los otros individuos, sea en su persona o en los bienes y cosas de su pertenencia. Y la infracción de tal deber jurídico existe, siempre que se ejecute un hecho que por culpa o imprudencia de su autor ocasione un daño a otro; en cuyo caso la obligación de reparar resultante "es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil" (arts. 1109 y 1067 Cód. Civil de Vélez Sarsfield).
Sobre el respecto deben destacarse los tres fallos de la Corte Suprema Nacional del día 5 de Agosto de 1986, recaídos en los autos: "Santa Coloma c/ Ferrocarriles Argentinos" (19), "Gunther c/ Estado Nacional" (20), y "Luján c/ Nación Argentina" (21), en los que se afirmara que: "la responsabilidad que fijan los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civil sólo consagra el principio general establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional que prohíbe a los 'hombres' perjudicar los derechos de un tercero. El principio del alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el código civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica". Criterio éste luego reiterado en numerosas oportunidades por el mismo Tribunal, con otras integraciones (22).
El "alterum non laedere" que constituye el primer precepto jurídico y moral a respetarse en una sociedad civilizada, es asimismo un principio general del derecho que se puede inducir de numerosas preceptivas (23); al punto que para una corriente doctrinaria -Bueres, Vázquez Ferreyra-: "todo daño irrogado a otro resulta antijurídico o injusto, salvo que el agente proceda en ejercicio regular de un derecho ...o medie una causa de justificación" (24).
Amén de que como ya se dijera, los arts. 1716 y 1749 del "Código Civil y Comercial de la Nación" se ocupan expresamente del: "Deber de no dañar. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código".
IV. Posturas que niegan a la "antijuridicidad" como elemento de la responsabilidad civil
Empero algunos años atrás se habían manifestado tendencias doctrinarias que apuntaban a restar importancia a este presupuesto de la responsabilidad civil.
Así entre nosotros la Dra. Agoglia y Boragina consideraron que no era un presupuesto esencial de la responsabilidad civil, habida cuenta de que su ausencia no obstaba en todos los casos a la reparación de un daño injusto (25). Argumento éste que constituye uno de los más utilizados por quienes se embanderan en esta postura, como por ejemplo Carbone en Italia (26), y en España dos tratadistas de la talla de Pantaleón Prieto (27) y Diez-Picazo, quienes también se pronunciaran en parecido sentido; este último en su "Derecho de daños", al criticar el prólogo de Pena López a la obra de su discípulo Busto Lago, hablándonos de la "erosión" de la antijuridicidad como presupuesto de la responsabilidad civil (28).
Pudiendo recordarse además que en nuestro país dos proyectos de unificación legislativa civil y comercial: el del P.E. de 1993 y el Proyecto de 1998, también propusieron eliminar a la antijuridicidad como presupuesto del deber de resarcir.
Según Pena López (29), tal supresión de la antijuridicidad se asienta principalmente sobre las siguientes premisas:
a) La existencia de tipos de conductas permitidas y fomentadas por el ordenamiento jurídico, que sin embargo, aun desarrollándose sin haber transgredido ningún deber específico, e incluso con las correspondientes autorizaciones, originan responsabilidad civil; verbigracia causación de perjuicios por el desarrollo de actividades dañosas en potencia pero con perjuicios "estadísticamente inevitables", como ser explotación de industrias de sustancias químicas inflamables, tóxicas o contaminantes, de energía nuclear, de gas, de electricidad, de transportes, etc. Todos supuestos que en nuestro ordenamiento encuadrarían perfectamente como infracciones al art. 2618 del Código Civil velezano o al 1973 del "Código Civil y Comercial de la Nación", que expresamente aclaran que la responsabilidad va a existir aunque hubiere mediado autorización administrativa para tales actividades.
b) Como una versión ampliada o algo más categórica del precedente argumento, y que igualmente merece iguales objeciones, también se ha hablado de la latitud del deber de reparar el daño, que al referirse a cualquier perjuicio, parece hacer abstracción del requisito de la antijuridicidad; atento que posturas extremas postulan en síntesis que cualquier daño, fuese éste o no fruto de un hecho ilícito, genera el deber de resarcir.
c) La repugnancia de considerar como hechos ilícitos a aquéllos en los que, a pesar de la falta de culpa, existe la denominada "responsabilidad civil objetiva"; tal como sucede precisamente con el hecho de los animales (arts. 1124 a 1131del Código Civil de Vélez Sarsfield y art. 1759 del "Código Civil y Comercial de la Nación") y de las cosas (Arts. 1113 y 1132 a 1136 del Código Civil velezano y 1757 y 1758 del "Código Civil y Comercial"), o el obrar de un grupo en sí mismo peligroso para otros individuos (art. 1762 del "Código Civil y Comercial".
d) La inexistencia de un deber que tuviese por contenido el naeminen laedere, en razón de que un deber de tal naturaleza ni estaría previsto por el ordenamiento jurídico, ni podría estarlo; so pena de paralizar la marcha de la vida económica y social normal correspondiente a una economía de mercado, con la prohibición de toda actividad que pudiera causar daño a otro. Lo cual resulta igualmente inaceptable entre nosotros, atento que la propia Corte Suprema tiene resuelto reiteradamente que el principio del "naeminen laedere" tiene jerarquía constitucional conforme al art. 19 de la Constitución Nacional, y que los arts. 1109 y 1113 del Código Civil que se refieren al mismo, no hacen más que aplicar aquel principio de rango superior. Amén, por supuesto, de que ahora lo disponen expresamente los arts. 1710, 1716, 1749 y concordantes del "Código Civil y Comercial de la Nación".
V. La vigencia del recaudo de la "antijuridicidad"
Pero en rigor el antedicho no es un fenómeno nuevo, sino que más bien puede decirse por el contrario que se trata de una tendencia ya casi superada en Europa.
En efecto, aquella forma de ver la realidad jurídica no es la única existente, ni tampoco numéricamente mayoritaria o cualitativamente superior. En el derecho Europeo, los Códigos Civiles que corresponden a países donde impera en forma floreciente la economía de mercado, que son también los más modernos y progresistas, y en cuanto tales dignos exponentes de las tendencias doctrinarias y jurisprudenciales más arraigadas; se exige en forma explícita el requisito de la antijuridicidad como uno de los presupuestos de la responsabilidad civil.
Tales: el Código Civil alemán o B.G.B., cuyo párrafo 823 habla de quien dolosa o culposamente lesiona de forma antijurídica a: la vida, cuerpo, salud, libertad, propiedad o cualquier otro derecho de otra persona; el Código Suizo de las obligaciones, que en su art. 41.1 expresa que aquel que cause, de una forma ilícita, un daño a otro..., etc.; el art. 2043 del Cód. Civil italiano de 1942, que también dispone que "cualquier hecho doloso o culposo, que ocasiona a otros un daño injusto ...", etc.; el Art. 483.1 del Cód. Civil portugués que establece: "aquél que, con dolo o mera culpa, violase ilícitamente el derecho de otro ..."; y por último el art. 162.1 del Código holandés de Derecho patrimonial de 1992, que determina que: "aquél que comete un acto ilícito que le puede ser imputado, respecto de otro, está obligado a reparar el daño...".
O sea que frente a los que niegan que la antijuridicidad pueda formar parte de un sistema económico basado en el libre mercado, cabe destacar que en los antedichos países, que cuentan con desarrolladas y modernas economías industriales capitalistas, el requisito de la antijuridicidad aparece expresamente plasmado legislativamente (30). Amén de que, además el Tribunal Supremo de España en reiterados pronunciamientos a través del tiempo, ha venido sosteniendo el carácter, como presupuesto de la responsabilidad Civil, de la antijuridicidad; tal como puede verse en un fallo de la Sala 3ª de ese Tribunal de fecha 18 de octubre de 1999, que se refiere a la antijuridicidad como recaudo y que la misma desaparece cuando concurre una causa de justificación que legitima al obrar (31); y también en otros varios fallos más recientes, todos de la Sala 1ª, dos del 11 de Julio y el restante del 26 de setiembre del año 2002 (32).
Vale decir entonces que no ha habido erosión alguna de la antijuridicidad, sino todo lo contrario, pues tanto se ha ido ampliando el radio de acción de los intereses jurídicamente protegidos, que lo mismo ha ido sucediendo correlativamente en el ámbito de la antijuridicidad; a cuyo respecto el profesor Francesco Galgano ahora nos habla —según lo apunta Pena López-, como de un "universo en expansión" (33). Pudiendo concluirse desde un punto de vista lógico, que la antijuridicidad se presenta como un requisito ontológicamente necesario para que se pueda imputar el daño a un sujeto distinto de la víctima; ya que sin un momento dogmático en el juicio de responsabilidad, en el que se dilucide esta cuestión, no se podría conocer cuando debe intervenir el derecho y cuando no (34).
Volviendo a nuestro país, el Proyecto del P.E. de 1993 eliminaba el requisito de la antijuridicidad del daño, al no incluir en ninguno de los capítulos asignados a los presupuestos de la responsabilidad civil una norma referida al mismo, como tampoco lo mencionaba en sus disposiciones generales sobre aquélla (arts. 1549 a 1578). Pero sin embargo, el texto proyectado del art. 1549 decía en su primer párrafo que: "La violación del deber de no dañar a otro genera la obligación de reparar el daño causado, conforme a las disposiciones de este Código"; o sea que en definitiva se receptaba el principio del naeminen laedere y de que todo daño irrogado a otro resulta antijurídico, salvo que el agente procediese en ejercicio regular de un derecho o mediase una causa de justificación. De manera que en rigor la antijuridicidad no desaparecía como presupuesto del daño resarcible, sino todo lo contrario.
Y a su turno en el Proyecto de 1998 también se había decidido suprimir a la "antijuridicidad" como presupuesto de la responsabilidad civil, lo que así se manifestaba expresamente en el punto 262 de sus "Fundamentos"; aunque sin duda tampoco se pudo prescindir en el mismo del "naeminen laedere", el cual se conservaba como principio señero en los siguientes artículos: 1584 inc. b) (obligación de "reparar el daño en caso de infracción al deber general de no dañar"); 1585 incs. a) y b) ("Toda persona tiene el deber..." y ha de adoptar las medidas razonables "para evitar que se produzca un daño"); 1588 (Debe ser reparado "el daño causado a un derecho, o a un interés que no sea contrario a la ley, si no está justificado "); 1651 inc. b) [Responsabilidad directa de quien, por acción o por omisión, "causa un daño injustificado" ); y 1654: "En caso de transgresión del deber general de no dañar...", etc. De forma tal que cabe sostener que asimismo en este otro nuevo régimen proyectado, todo daño irrogado a otro resultaba antijurídico, salvo que el agente hubiese procedido en ejercicio regular de un derecho o mediara una causa de justificación .
Se hace notar que en los "Fundamentos" del Proyecto de 1998, se decía como argumento corroborante, que: "en la actualidad se acepta la responsabilidad por actos lícitos", ejemplificándose que en el mismo Código Civil velezano en su artículo 2553, se permite buscar un tesoro en predio ajeno sin consentimiento del dueño, a condición de garantizarle "la indemnización de todo daño" (35). Todo lo cual es sin duda cierto, amén de mantenerse en el art. 1954 del nuevo "Código Civil y Comercial de la Nación". Pudiendo además mencionarse otros varios ejemplos de actividades permitidas o lícitas, que sin embargo generan el deber de indemnizar si de las mismas se derivan daños a terceros; tal como sucede con varias preceptivas del Código Civil velezano y del "Código Civil y Comercial de la Nación" referentes a restricciones y límites al dominio: ocupación del inmueble vecino con andamios para la realización de una obra, con "indemnización del daño que causare" (arts. 2627 y 3077 del primero y art. 1977 del último); obligación para los dueños de terrenos inferiores, de recibir las aguas subterráneas que por el trabajo del hombre salieren al exterior, "cuando no sea posible por su abundancia contenerlas en el terreno superior, satisfaciéndoles una justa indemnización de los perjuicios que puedan causarles" (art. 2650 Código Civil velezano); imposición de servidumbre de paso a través de heredades vecinas, en favor del inmueble destituido de toda comunicación con camino público, "satisfaciendo el valor del terreno necesario... y resarciendo todo otro perjuicio" (art. 3068 mismo Código Civil); o, en fin, servidumbre de acueducto en favor de la heredad que carezca de las aguas necesarias para el cultivo o de un establecimiento industrial, para traerlas viniendo por terrenos ajenos, "con el cargo de una justa indemnización" (arts. 3082 y 3085 mismo Código Civil); o el caso del art. 1982 del "Código Civil y Comercial de la Nación", que faculta al dueño de un terreno para cortar las raíces que penetran en el mismo, desde un árbol ubicado en un inmueble lindero, etc. Esos pocos supuestos de indemnización de daños causados por conductas lícitas, como bien lo señalara Emilio A. Ibarlucía, en rigor se inscriben dentro de la temática especial de los derechos reales y obedecen concretamente a la especialidad de los mismos (36).
Por lo demás, lo cierto es que todo ello tampoco constituye una razón de peso suficiente como para descartar la exigencia del requisito de la antijuridicidad. En efecto, dicho deber de responder por daños causados por actos lícitos constituye una problemática que se da tanto en el derecho privado como en el público; aunque en este último se distinguen dos distintas categorías de deberes a cargo del Estado: se trata propiamente de "responsabilidad", con relación a los daños derivados de procederes antijurídicos, en tanto que se habla de "compensación" o más precisamente de "indemnización", para los perjuicios derivados de conductas que se ajustan a la ley, que no infringen las normativas de nuestro derecho positivo (37). Ahora bien, como acertadamente lo puntualizara la Dra. Kemelmajer de Carlucci (38), ambas categorías de "responsabilidad" e "indemnización" resultan perfectamente encuadrables dentro de la amplia "teoría del responder civil", tal como la expusiera López Olaciregui cuando sostenía que la misma: "no debe ser construida como una teoría del acto ilícito, sino como una teoría del acto dañoso y de la repartición de los daños", ya que existe un "responder sanción" que funciona cuando el perjuicio ha sido causado ilícitamente, el cual está comprendido dentro de otra materia más amplia: la de "responder distribución", que corresponde a todos los casos de daños civiles, ilícitos o no; luego de lo cual agregaba que entre lo que cabe distribuir figuran bienes y males, y que asignar males no es necesariamente castigar, sino elegir quien ha de soportarlos, dado que resulta inevitable que alguien tenga que cargar con ellos (39).
Por otra parte, cuando se trata de reparación de detrimentos provocados por un obrar lícito, parece bastante evidente la similitud de situaciones entre tal supuesto y la indemnización de daños causados en estado de necesidad (40). Instituto este último fundado en exigencias de la justicia conmutativa y razones de equidad, que imponen la repartición del perjuicio entre el autor del acto necesitado y su víctima (41), para así mantener el principio de igualdad ante las cargas públicas que fluye del art. 16 de la Constitución Nacional; puesto que si del examen de sus respectivas conductas, parece claro que a ninguno puede reprochársele un comportamiento que moralmente justifique la obligación de soportar todo el daño sufrido o el de repararlo en igual extensión, es justo entonces que, cuando menos, ambos lo soporten equitativamente (42).
Por su parte, como ya se dijera, en el "Código Civil y Comercial de la Nación" se ha vuelto a exigir expresamente el recaudo de la "antijuridicidad". En efecto, su art. 1716 dispone como ya se viera: "Deber de no dañar. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código"; el subsiguiente artículo 1717 establece que: "Cualquier acción u omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada"; y por último en el art. 1749 se lee que: "Es responsable directo quien incumple una obligación o causa un daño injustificado por acción u omisión". Todo lo cual es concordante con lo previsto con anterioridad en su art. 1710, que habla del: "Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud ...; y c) no agravar el daño, si ya se produjo."
VI. La antijuridicidad en la omisión
Según se viera, en los arts. 1717 y 1749 del "Código Civil y Comercial de la Nación" se dispone expresamente que puede causarse un daño injustificado por acción u omisión. Aunque en este caso, como bien lo señala Picasso (43), se presenta un problema derivado de la estructura misma del ilícito de omisión: puesto que dado que su concepto se construye siempre con relación a una previa conducta debida que no se cumplió, resulta preciso que exista con anterioridad un deber de actuar y cabe indagar como se conjuga esta exigencia lógica con el deber general de no dañar.
El art. 1074 del Código Civil velezano, siguiendo la teoría tradicional de origen romano, disponía que: "Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido" 
Y en nuestra doctrina hubo varias posturas sobre el respecto. Así, con apego a la literalidad del art. 1074 del Código Civil velezano, se sostuvo que para que la omisión fuese antijurídica era preciso que la ley impusiese expresamente en cada caso el deber de actuar; de manera que la omisión únicamente podía ser "típica" (44). La duda, si podía ser legítima en ausencia de un texto expreso, como en derecho francés, no lo era entre nosotros en presencial del citado art. 1074 del Código Civil (45).
En tanto que mayoritariamente se entendió, por el contrario, que aquel previo deber de actuar podía estar constituido por el genérico de "no dañar a los demás" (46). Aunque admitiéndose asimismo la necesidad de sentar ciertas pautas razonables, que impidiesen una generalización desmedida de ese deber de actuar, lo que en última instancia podría incluso llegar a restringir la libertad individual; no siendo por ende posible sostener: que todos estemos, en todo momento, obligados a evitar cualquier tipo de perjuicios a terceros; lo cual resulta insostenible fáctica y jurídicamente (47).
Ahora bien, como lo enseña Llambías, la libertad de no obrar tiene los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (art. 1071 del Código Civil velezano, reformado por la ley 17.711 (48); y arts. 9, 10 primer párrafo, 961, 1061 y concordantes del "Código Civil y Comercial de la Nación"). Y estas pautas axiológicas, dice Zavala de González, exigen prestar auxilio a terceros cuando hay riesgo para sus bienes personales o patrimoniales, si esa ayuda puede brindarse sin peligro propio. Por eso "hay obligación jurídica de obrar, siempre que la abstención implique un ejercicio abusivo de la libertad de actuar o quedar inactivo" (49). Parecidamente ha dicho Goldenberg que: "en la materia que examinamos tiene un importante campo de aplicación la teoría del abuso del derecho, en este caso el abstenerse de obrar ante el inminente mal ajeno y sin que la acción omitida produzca riesgo alguno para el sujeto. No es la libertad individual lo que se defiende en la tesis opuesta, sino el egoísmo, según la afirmación de Sallé de la Marnière" (50). Y dentro de estos lineamientos también ha sostenido Bueres, que el mínimo sentido de solidaridad humana y amor al prójimo, generan un deber de actuar inexcusable en semejantes circunstancias; aunque no exista una respuesta absoluta en estos casos, en razón de que puede existir causalidad conjunta o acumulativa, concausalidad o frustración de una chance (51).
"La culpa —dicen los hermanos Mazeaud y Tunc— integra un error de conducta que no habría cometido un individuo cuidadoso y preocupado por sus deberes sociales colocado en iguales condiciones externas que el demandado. El juez debe comparar la conducta observada por el autor del daño con la que habría seguido una persona normal. Esa regla, muy simple, se aplica lo mismo al caso de abstención que al caso de acción. La culpa por abstención es una culpa como las demás. El juez, para determinar si existe responsabilidad en el supuesto de abstención, debe averiguar si un individuo normal se habría abstenido en iguales condiciones" (52).
Y entre nosotros se ha afirmado que: "las abstenciones o las omisiones legítimas en sí mismas, pueden ser culpables, si estuviesen rodeadas de circunstancias características de negligencia o imprudencia" (53); o que "quien omite, por negligencia o por culpa una conducta que guarde conformidad con la naturaleza de las cosas y de las circunstancias (art. 512, Código Civil), viola lo dispuesto en el artículo 1109, y por ende, es responsable. Del mismo modo, quien intencionalmente se abstiene de realizar un acto para prevenir un daño, porque ha querido ese daño, incurre en violación del artículo 1067. En ambos supuestos, entonces, se cumple con el requisito establecido por el artículo 1074, que exige que la ley imponga realizar el acto omitido, ya que ésta prohíbe todo hecho que, por culpa o por dolo, cause daño, o en otros términos obliga a que la conducta de los hombres esté de acuerdo con la diligencia y la prudencia requeridas por las circunstancias de personas, lugar y tiempo (art. 512) (54). Por lo que cabe concluir que: "De igual manera que el hecho positivo puede traducirse en delito o en cuasidelito, según que al agente pueda imputársele dolo, culpa o negligencia (arts. 1067, 1076, 1109 y demás concordantes del Código Civil velezano.), así también el hecho negativo o de omisión adquirirá una u otra forma de ilicitud, según que a la persona que se abstiene le sea imputable dolo, culpa o negligencia". Pero la forma de apreciación de la culpa por abstención será distinta, según exista o no una disposición de la ley que imponga la obligación de cumplir el hecho omitido. Si existe el deber legal, ello basta para que no cumplido el hecho impuesto nazca la responsabilidad civil, como sucedería por ejemplo, si se incumpliera el deber de auxiliar a una persona herida o inválida o amenazada por un peligro cualquiera, cuando se pudiera hacerlo sin riesgo personal (art. 108 Código Penal); mientras que en el otro supuesto, a falta de una obligación expresa en la ley, la conducta del que se abstiene deberá entonces apreciarse de acuerdo a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar: el ordenamiento jurídico no exige sacrificios superlativos ni actos extraordinarios, pero se está en cambio obligado a realizar todo aquello que sin riesgo personal o patrimonial alguno, pueda evitar un daño a otros (quod tibi non nocet et alteri prodest, facile concedendum est) (55).
Aunque en definitiva, como bien lo apunta Prevot, "habrán de ser los jueces, quiénes de una forma u otra deberán establecer si el evitar o prevenir el evento nocivo dependía o no del agente inerte. Una vez más, la prudencia y el buen tino son convocados para establecer el justo límite entre la libertad de abstenerse y el deber de evitar un daño a un semejante" (56).
VII. Conclusiones
O sea, en definitiva, que en el Código Civil de Vélez Sarsfield ya se había receptado expresamente el requisito de la antijuridicidad, como uno de los presupuestos de la responsabilidad civil.
Y que en el ya vigente "Código Civil y Comercial de la Nación" también se ha adoptado, y con mucho mayor detalle y precisión, como fundamento de la obligación de reparar el daño causado: la violación del deber de "no dañar a los demás" o "alterum non laedere"; es decir, la obligación de conducirse en la vida en sociedad con la debida prudencia y diligencia, de forma tal que el obrar de cada uno no provoque perjuicios a los otros individuos, sea en su persona o en los bienes y cosas de su pertenencia.
 (1) En la doctrina nacional: ALTERINI, Atilio A. — AMEAL, Oscar J. - LÓPEZ CABANA, Roberto M. "Derecho de obligaciones. Civiles y comerciales", 4ª ed., Bs. As., Abeledo-Perrot, 2008, p. 171, nº 371 y p. 790, nº 1691; BORDA, Guillermo A. "Tratado de derecho civil. Obligaciones", 9a. ed. Actualizada por Alejandro Borda, Bs. As., LA LEY, 2009, Tº II, p. 240, nº 1309; Bustamante Alsina, Jorge "Teoría general de la responsabilidad civil", 9ª ed., Bs. As., Abeledo-Perrot, 1997, p. 108, nº 170; CAZEAUX, Pedro N. — TRIGO REPRESAS, Félix A. "Derecho de las obligaciones", 4ªed., Buenos Aires, La Ley, 2010, Tº IV, ps. 592 y ss., nº 2460; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída R. en "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado", Director Augusto C. Belluscio, Coordinador Eduardo A. Zannoni, Bs. As., Astrea, 1984, Tº 5, ps. 27 y sig., art. 1067, parágr. 1; idem "Daños causados por abogados y procuradores" en J.A. 1993-III, ps. 707 y ss., nº II y ss.; López Herrera, Edgardo "Teoría General de la Responsabilidad Civil", Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006, p. 91, nº I; LLAMBÍAS, Jorge Joaquín "Tratado de derecho civil. Obligaciones", Bs. As., Perrot, 1973, Tº III, p. 611, nº 2205; REZZÓNICO, Luis María "Estudio de las obligaciones en nuestro derecho civil", 9ª ed., Bs. As. Depalma, 1961, Tº II, p. 1242; TRIGO REPRESAS, Félix A. — LÓPEZ MESA, Marcelo J. "Tratado de la Responsabilidad Civil", 2ª ed., Bs. As., La Ley, 2011, Tº II, Capítulo 4, Nº I, ps. 1 a 5; VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A. "Responsabilidad por daños (elementos)", Bs. As., Depalma, 1993, ps. 111 y ss., nº 9. En el extranjero: ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo "Teoría de las obligaciones", Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1934, p. 129, nº 80; AMÉZAGA, Juan J. "Culpa aquiliana. Lecciones del curso de derecho civil", Montevideo, Escuela Nac. de Artes y Oficios, 1914, p. 18; HEDEMANN, J. W. "Derecho de las obligaciones", trad. de Jaime Santos Briz, Madrid, ed. Revista de Derecho Privado, 1958, p. 512, nº 63; PEIRANO FACIO, Jorge "Responsabilidad extracontractual", Bogotá, ed. Temis, 1979, p. 233, nº 126; SANTOS BRIZ, Jaime "La responsabilidad civil", 2ª ed., Madrid, ed. Montecorvo, 1977, ps. 23 y sigte., nº I; etc.
 (2) BOFFI BOGGERO, Luis María "Tratado de las Obligaciones", Buenos Aires, Astrea, 1972, Tº 2, p. 87, parágr. 396; BUSTAMANTE ALSINA, Jorge "Teoría general de la responsabilidad civil", 9ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997, p. 106, nº 171; COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H. "Dos elementos de la responsabilidad civil: antijuridicidad y culpa" en Nº 845 de la "Revista Notarial", La Plata, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, p. 968, nº II; ORGAZ, Alfredo "La ilicitud", Córdoba-Buenos Aires, ed. Lerner, 1973, ps. 17 y sig., nº 1; SANTOS BRIZ, Jaime "La responsabilidad civil", 2ª ed., Madrid, ed. Montercorvo S.A., 1977, p. 26, nº 2; VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A. "Responsabilidad por daños (Elementos)", Buenos Aires, Depalma, 1993, p. 123 y sig., nº 2.
 (3) BUSTAMANTE ALSINA "Teoría general de la responsabilidad civil" cit., p. 74, nº 118; COMPAGNUCCI DE CASO "Dos elementos de la responsabilidad civil" cit. en Nº 845 de "Revista Notarial", p. 968; KEMELMAJER DE CARLUCCI en "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado", Dirección Belluscio, Coordinación Zannoni, Buenos Aires, Astrea, 1984, t. 5, art. 1066, p. 2, parágr. 4; LLAMBÍAS "Tratado de derecho civil. Obligaciones", Buenos Aires, Perrot, 1973, Tº III, ps. 497 y sigte., nº 2135; MOSSET ITURRASPE, Jorge "Responsabilidad por daños", Bs. As., Ediar, 1971, Tº I, ps. 24 y ss., nº 9; ORGAZ "La ilicitud" cit., ps. 17 y ss., nº 1; SALAS, Acdeel Ernesto "La responsabilidad civil y el anteproyecto de Código Penal", en el tomo XX de "Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata", 1961, p. 7, nº 2; Cazeaux, Pedro N. — Trigo Represas, Félix A. "Derecho de las obligaciones", 4ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2010, t. IV, p. 426, nº 2398; VÁZQUEZ FERREYRA "Responsabilidad por daños (Elementos)" cit., ps. 128 y ss., nº 5; Cám. Nac. Civil, Sala D, 21/4/88, "Sani SA c/ Estado Nacional", E.D. 128-549 y LA LEY, 1989-B-622, Jur. Agrup. nº 6031; etc.
 (4) KELSEN, Hans "La teoría pura del derecho", trad. de Moisés Nilve de la edición de Neuschatel de 1953, 16ª edición, Bs. As., Eudeba, 1979, ps. 135 y ss., cap. IX; SOLER, Sebastián "Ley, historia y libertad", Bs. As., Losada, 1943, p. 188; RECASENS SICHES, Luis "Vida humana, sociedad y derecho", México, Fondo de Cultura Económica, 1945, ps. 317 y sig.; COSSIO, Carlos "La plenitud del ordenamiento jurídico", Bs. As., Losada, 1939; CSN, 29/6/59, "Administración Gral. Vialidad Nacional c/ Bejarano de Castro Fuentes", LA LEY, 103-101.
 (5) MOSSET ITURRASPE "Responsabilidad por daños" cit., Tº I, ps. 37 y sig., nº 16.
 (6) PIZARRO, Ramón Daniel — VALLESPINOS, Carlos Gustavo "Instituciones de Derecho Privado. OBLIGACIONES", Buenos Aires, Hammurabi, 1999, Tº 2, p. 482, parágr. 489-c).
 (7) ALTERINI, Jorge Horacio "Relatividad de los derechos en concreto. Antijuridicidad circunstanciada. Quid del llamado ab uso del derecho", en "Anales" de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Segunda época, Año LVIII, N º 51, 2013, p. 301, nº XI.
 (8) Alterini, ob. cit. en nota precedente, p. 303, nº XIII.
 (9) ORGAZ, Alfredo "El daño resarcible", 2ª ed., Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1960, p. 17, nota 1; ídem "La ilicitud" cit., p. 18, nota 1; DE GÁSPERI, Luis — MORELLO, Augusto Mario "Tratado de derecho civil", Bs. As., Tea, 1964, Tº IV, ps. 2 y ss., nº 1679; BOFFI BOGGERO, Luis María "Sistemas de responsabilidad civil en el Código argentino", en el Nº 10-11 de "Lecciones y Ensayos", Bs. As., Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, 1959, ps. 51 y ss., nº 1 y en "Estudios Jurídicos. Primera serie", Bs. As., Cooperadora del Centro de Derecho y Ciencias Sociales, 1960, ps. 75 y ss.; LARENZ, Karl "Derecho de obligaciones", trad. de Jaime Santos Briz, Madrid, 1960, ed. Revista de Derecho Privado, Tº II, ps. 565 y sig., parágr. 65.1.a).
 (10) Se aclara que los términos "leyes ordinarias" se debían a una alteración de la preceptiva proyectada, pues en los manuscritos del codificador la redacción era otra: "... prohibido por las leyes, ordenanzas municipales o reglamentos de policía...".
 (11) PICASSO, Sebastián "La antijuridicidad en el Proyecto de Código" en LA LEY, 2013-E, p. 668, nº IV.
 (12) IBARLUCÍA, Emilio A. "Antijuridicidad y responsabilidad civil. Fundamentos constitucionales" en LA LEY, 2012-A, ps. 563 y sig., nº II.
 (13) BIDART CAMPOS, Germán J. "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Buenos Aires, Ediar, 1986, Tº I, p. 225.
 (14) IBARLUCÍA, Emilio A. "Antijuridicidad y responsabilidad civil. Fundamentos constitucionales" en LA LEY, 2012-A, 562, nº II.
 (15) PIZARRO-VALLESPINOS "Instituciones de Derecho Privado. OBLIGACIONES" cit., Tº 2, p. 482, parágr. 489-d).
 (16) DE LORENZO, Miguel Federico "El daño injusto en la responsabilidad civil", Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1996, ps. 22 y ss., nº 3; Picasso "La antijuridicidad en el Proyecto de Código" cit. en LA LEY, 2013-E, 670, nº V.
 (17) PICASSO "La antijuridicidad en el Proyecto de Código" cit. en LA LEY, 2013-E, 668, nº IV.
 (18) SEGOVIA, Lisandro "El Código Civil de la República Argentina. Con su explicación y crítica bajo la forma de notas", Nueva edición, Bs. As., Librería y Editorial La Facultad, 1933, Tº I, p. 305, nota 1 a su art. 1067.
 (19) C.S.N., 5-8-86, "Santa Coloma c/ Ferrocarriles Argentinos", J.A. 1986-IV-625, E.D. 120-649 y "Fallos" 308:1160.
 (20) C.S.N., 5/8/86, "Gunther c/ Gob. Nac.", Fallos: 308:1118, J.A. 1987-IV-653 y E.D. 120-524, con nota de Germán J. Bidart Campos "Base constitucional del resarcimiento por daños sufridos en acto de servicio militar".
 (21) C.S.N., 5-8-86, "Luján c/ Gob. Nacional", Fallos: 308:1109.
 (22) C.S.N., 24-8-95, "P., F. F. c/ Ferrocarriles Argentinos", LA LEY, 1995-E-17; 25/9/97, "Lew, B. J. c/ Policía Federal argentina", LA LEY, 1998-E-528 y J.A. 1998-I-97; 17-3-98, "Peón c/ Centro Médico del Sud", LA LEY, 2000-D-467, E.D. 181-489, J.A. 1999-IV-256 y R.C. y S. 1999-1106; 11-02-2003, "Finardi c/ D´Odorico Propiedades", "Resp, Civil y Seguros" 2003-494; 21-9-2004, "Aquino c/ Cargo Servicios Industriales S.A.", LA LEY, 2004-F-95 y E.D. 209-563; 5-4-2005 "Ángel Estrada y Cía. .S.A c/ La Secretaría de Energía y Puertos", LA LEY, 2005-C-740; y 18-12-2007, "Silva c/ Unilever de Argentina S.A.", LA LEY, 2008-A-460.
 (23) BUERES, Alberto J. "El daño injusto y la licitud e ilicitud de la conducta" en "Derecho de daños. Homenaje al profesor Dr. Jorge Mosset Iturraspe", Directores Félix A. Trigo Represas y Rubén S. Stiglitz, Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 1989, p. 150, nº 3; VÁZQUEZ FERREYRA "Responsabilidad por daños" cit., ps. 131 y sig., nº 5.
 (24) VÁZQUEZ FERREYRA "Responsabilidad por daños" cit., p. 132, nº in-fine, y ps. 139 y ss. nº 9; Bueres "El daño injusto y la licitud e ilicitud de la conducta" en "Derecho de daños. Homenaje al profesor Dr. Jorge Mosset Iturraspe" cit., ps. 160 y ss., nº 5-c); Tale, Camilo "El concepto de antijuridicidad", en E.D. 111, p. 908, nº IV. Comparar: MOSSET ITURRASPE "Responabilidad por daños" cit., 1980, Tº III, ps. 37 y ss., nº 8, quién si bien comienza sosteniendo que no puede afirmarse sin más que "donde hay daño hay ilicitud", aclara luego que "el autor de un daño puede eximirse de responsabilidad, aunque ello sea excepcional, demostrando su derecho a dañar; que el hecho que lo produjo es conforme a Derecho; que su conducta, si bien violatoria de la integridad patrimonial ajena, no es violatoria del plexo normativo".
 (25) AGOGLIA, María Martha "El daño jurídico. Enfoque actual", Bs. As., La Ley, 1999, p. 43, nº 5; BORAGINA, Juan Carlos "Breves comentarios en torno a la antijuridicidad en la responsabilidad civil" en "Obligaciones y contratos en los albores del Siglo XXI. Homenaje al Profesor Dr. Roberto M. López Cabana", Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2001, p. 74, nº V.
 (26) CARBONE, V. "Il fatto dannoso nella responsabilità civile", Napoli, Ed. Eugenio Jovene, 1969, ps. 154 y 180.
 (27) Pantaleón Prieto, A. E. en "Comentarios al Código civil", Madrid, Ministerio de Justicia, 1991, Tº II, p. 1995, art. 1902.
 (28) Diez-Picazo, Luis "Derecho de daños", Madrid, Civitas, 2001, ps. 290 y ss., nº III.1.
 (29) Pena López, José María "Prólogo" a la obra de José Manuel Busto Lago "La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual", Madrid, Ed. Tecnos, 1998, ps. 14 a 18.
 (30) Pena López, José María "Prólogo" cit. a la obra de Busto Lago "La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual", ps. 14 a 18; Peña López, Fernando "La culpabilidad en la responsabilidad civil extracontractual", Granada, Ed. Comares, 2002, p. 260, nota 1 in fine.
 (31) Tomo año 2000 de revista "Responsabilidad Civil y Seguros", Bs. As., ed. La Ley, p. 1206.
 (32) Citados en Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J. "Tratado de la responsabilidad civil", Buenos Aires, La Ley, 2004, Tº I, p. 826 y notas 781 a 783.
 (33) PENA LÓPEZ su "Prólogo" a la citada obra de Busto Lago "La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual", p. 26.
 (34) PEÑA LÓPEZ, Fernando "La culpabilidad en la responsabilidad civil extracontractual" cit., p. 260, nota 1 in fine.
 (35) "Proyecto de Código civil de la República argentina unificado con el Código de Comercio", Bs. As., Abeledo-Perrot, 1999, p. 101, nº 262.
 (36) IBARLUCÍA, Emilio A. "Antijuridicidad y responsabilidad civil. Fundamento constitucional" cit., en La Ley 2012-A, ps. 577 y ss., nºs. IX y X-13º.
 (37) ALESSI, Renato "Instituciones de Derecho Administrativo", trad. de la 3ª ed. italiana, Bosch, Barcelona, 1970, ps. 485 y ss.; GARRIDO FALLA, Fernando "Tratado de derecho administrativo, 3ª ed., Madrid, 1966, Tº 2, p. 209; MOSSET ITURRASPE, Jorge "Daños derivados de actos lícitos de la administración" en "Estudios sobre responsabilidad por daños", Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1980, Tº I, ps. 285 y sigte., nº 3.
 (38) KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída "La responsabilidad del Estado: enfoque jurídico-privado", en "Responsabilidad del Estado", Tucumán, Ediciones Unsta, 1982, p. 61, nº III-A-1.
 (39) LÓPEZ OLACIREGUI, José María "Esencia y fundamento de la responsabilidad civil" en vol. 11 de "Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones", Depalma, 1978, ps. 941 y sigte., nºs. 3 a 17; y en revista "Responsabilidad civil y seguros", ed. La Ley, Enero-Febrero de 1999, Nº 1, año 1, ps. 165 y sigte., nºs. 3/17.
 (40) ALESSI, "Instituciones de Derecho Administrativo" cit., p. 488; MOSSET ITURRASPE "Daños derivados de actos lícitos de la administración" cit. en "Estudios sobre responsabilidad por daños", Tº I, p. 289, nº 8.
 (41) ACUÑA ANZORENA, Arturo "adiciones" a Salvat, Raymundo M. "Tratado de derecho civil argentino. Fuentes de las obligaciones", 2ª ed., Bs. As., TEA, 1958, Tº IV, p. 73, nº 2725 h; ídem "El estado de necesidad en el código civil argentino" en "Estudios sobre la responsabilidad civil", La Plata, Editora Platense, 1963, p. 144; Cardini, Eugenio Osvaldo "Estado de necesidad", Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1967, ps. 70 y ss.; DE AGUIAR Dias, José "Tratado de responsabilidad civil", trad. de Juan Agustín e Ignacia Moyano, México-Lima-Buenos Aires, Ed. José M. Cajica Jr., S.A., 1957, Tº II, ps. 306 y sigte.; MOSSET ITURRASPE "Responsabilidad por daños" cit., Tº I, p. 47 y nota 79.
 (42) SCBA, 6/3/60, "Morelli de Campanino c/ Domínguez", Ac. y Sent. 1960-III-72.
 (43) Picasso "La antijuridicidad en el Proyecto de Código" cit. en La Ley 2013-E, p. 669, nº V.
 (44) KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída su comentario al art. 1074 en "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado", Director Augusto C. Belluscio, Coordinador Eduardo A. Zannoni, Buenos Aires, Astrea, 1984, Tº 5, p. 100, parágr. 7-c; Machado, José Olegario "Exposición y comentario del Código civil Argentino", Buenos Aires, M. A. Rozas, 1915, Tº III, p. 355, nota art. 1074; ORGAZ, Alfredo "La culpa (Actos ilícitos)", Buenos Aires, Lerner, 1970, ps. 101 y ss., nº 42; SALVAT, Raymundo M. "Tratado de derecho civil argentino. Fuentes de las obligaciones", 2ª ed., Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1958, Tº IV, ps. 32 y sig., nº 2711; TEJERINA, Wenceslao "Culpa por omisión" en "Temas de responsabilidad civil en honor al Dr. Augusto M. Morello", La Plata, Ed. Platense, 1981, ps. 75 y ss., nº IV; ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde "Responsabilidad civil por actos ilícitos" en J.A. 1980-III, ps. 799 y ss., nº IV-c; ídem "Reflexiones sobre la ilicitud" en J.A. 1981-IV, ps. 742 y sig., nº III-b) y IV-15.
 (45) ORGAZ "La culpa (Actos ilícitos)" cit., p. 113, nº 43 in fine.
 (46) ACUÑA ANZORENA, Arturo "Adiciones" al citado "Tratado de derecho civil argentino. Fuentes de las obligaciones" de Raymundo M. Salvat, 2ª ed., Tº IV, ps. 39 y ss., nº 2711-f); ídem "Culpa por omisión y abuso del derecho" en "Estudios sobre la responsabilidad civil" cit., ps. 123 y ss., nºs. VIII y IX; AGUIAR, Henoch D. "Hechos y actos jurídicos en la doctrina y en la ley", Buenos Aires, TEA, 1950, Tº II, ps. 263 y ss., nº 42; BENCHETRIT, Jorge Oscar "Culpa por omisión", en "Jurisprudencia sobre responsabilidad extracontractual", La Plata, Instituto de Jurisprudencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, 1943, Tº I, ps. 232 y ss., nºs.59 a 66; Boffi Boggero "Tratado de las obligaciones" cit., Tº 5, ps. 433 y ss., parágr. 1955; BORDA, Guillermo A. "Tratado de derecho civil. Obligaciones", 9ª ed. actualizada por Alejandro Borda, Buenos Aires, La Ley, 2008, Tº II, p. 241, nº 1310; BUSTAMANTE ALSINA "Teoría general de la responsabilidad civil" cit., p. 98, nº 183; ídem "Responsabilidad civil del médico por omisión de asistencia" en "Responsabilidad civil y otros estudios", Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1984, p. 460, nº IV; CAZEAUX, Pedro N. - TRIGO REPRESAS, Félix A. "Derecho de las obligaciones", 4ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2010, Tº IV, ps. 695 y ss., nº 2501; COLOMBO, Leonardo A. "Culpa aquiliana (Cuasidelitos)", 2ª ed., Buenos Aires, TEA, 1947, ps. 141 y sig., nº 48; Llerena, Baldomero "Concordancias y comentarios Código Civil Argentino", 2ª ed., Buenos Aires, Jacobo Peuser, 1900, Tº 4, p. 143, nº 2; QUINTEROS, Federico D. "Culpa por omisión" en "Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires", Tº 19, ps.213 y ss.; SPOTA, Alberto G. "Responsabilidad por el hecho negativo" en J.A. 70-716.
 (47) PREVOT, Juan M. "¿Hay causalidad en la omisión?", en revista "Responsabilidad Civil y Seguros" 2006, p. 166, nº II y nota 23.
 (48) LLAMBÍAS, Jorge Joaquín "La responsabilidad civil por omisión" en El Derecho Tº 48, ps. 667 y ss.; ídem "Tratado de derecho civil. Obligaciones" cit., Tº III, p. 628, nº 221.
 (49) ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde "Resarcimiento de daños", Buenos Aires, Hammurabi, 1999, Tº 4, p. 345, nº 3; Llambías, obs. y locs. cits. en nota anterior.
 (50) GOLDENBERG, Isidoro H. "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Buenos Aires, Astrea, 1984, ps. 214 y sig., letra f).
 (51) BUERES, Alberto J. su comentario al art. 1066 en "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial"; dirección Alberto J. Bueres, coordinación Elena I. Highton, Buenos Aires, Hammurabi, 1999, Tº 3-A, p. 62, parágr. 6-a).
 (52) MAZEAUD, Henri y Léon - TUNC, André ¿Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual¿, trad. de la 5ª ed. francesa de Luis Alcalá-Zamora y Castillo, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tº 1º, vol. II, p. 22, n° 540; Cfr. SALLE DE LA MARNIERE, nota en Dalloz Périodique, 1936, 2ª parte, p. 25, n° II.
 (53) AGUIAR, "Hechos y actos jurídicos en la doctrina y en la ley" cit., Tº II, p. 265 y sig., n° 42.
 (54) SPOTA, Alberto G., "Responsabilidad por hecho ilícito negativo" en J.A. 70, p. 16.
 (55) ACUÑA ANZORENA, "adiciones", a SALVAT, "Tratado de Derecho Civil argentino. Fuentes de las obligaciones" cit., Tº IV, pp. 41 y 42, n° 2711, f) y "Culpa por omisión y abuso del derecho" cit. en "Estudios sobre la responsabilidad civil" cit., ps. 125 y sigs.
 (56) PREVOT "¿Hay causalidad en la omisión? cit., en revista "Responsabilidad civil y seguros" 2006, p. 167, nº II.